TNto es baladí pasar por alto una serie de cuestiones que competen al Ejecutivo para discernir el por qué la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y diversos colectivos sociales no apoyamos el contenido y alcance del Real Decreto en materia de desahucios.
En primer lugar, es necesario hacer una aclaración: el desahucio o lanzamiento es la consumación del denominado Procedimiento de Ejecución Hipotecaria (PEH); es decir, el momento en que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se personan en el domicilio de los afectados y echan a los inquilinos de su hogar. El PEH es el instrumento legal para adquirir una propiedad impagada. Es el cáliz que atraviesan en la actualidad, del orden de 50.000 familias en España y que, probablemente se eleven a unas 100.000 a finales de este mismo año, a falta de datos oficiales que lo corroboren. Y muy probablemente, lo que ha conducido a Amaya de Barakaldo y otros a quitarse la vida.
El Procedimiento de Ejecución Hipotecaria es considerado por el Tribunal de Justicia de la UE contrario a la normativa de consumidores. Se está vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva, al de defensa de los deudores hipotecados y a la prohibición de indefensión.
Recientes investigaciones indican que en torno al 70% de los impagos están relacionados con la crisis de empleo. Los datos de los abusos bancarios que se están produciendo son estremecedores, estableciendo cláusulas abusivas. En algunos casos, los intereses por impago superan el 80%.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada el 10 de agosto de este mismo año, arrojó un contundente informe a cargo de Raquel Rolnik: "En España se han ejecutado más de 350.000 hipotecas desde 2007, y en 2011 tuvieron lugar aproximadamente 212 ejecuciones y 159 desalojos al día".
XEL PACTOx Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ratificado por España ampara las "violaciones de derechos civiles y políticos, tales como el derecho a la vida privada, la familia y el hogar, y el derecho a disfrutar en paz de los bienes propios". A día de hoy, se puede sostener sin ningún género de duda, que el PEH es ilegal, inconstitucional y contrario al Derecho Comunitario.
¿Qué piensan otras instituciones y colectivos acerca de los desahucios? Jueces para la Democracia ha hecho un llamamiento para que se paralicen de inmediato. El Sindicato Unificado de Policía ha manifestado su intención de dar apoyo jurídico a aquellos funcionarios que decidan objetar en el momento del desahucio. La Asociación Profesional de la Magistratura ha expresado que los Tribunales se han convertido en oficinas de recaudación de las entidades bancarias. El presidente del Poder Judicial ha manifestado la posibilidad de que los jueces puedan paralizar los desalojos en casos concretos. La Asociación Española de la Banca califica esta situación como de "alarma social" y además, adopta un compromiso por razones humanitarias y de responsabilidad social.
Por tanto, el Gobierno junto con los poderes públicos, son los últimos responsables en ser garantes del cumplimiento estricto de los derechos constitucionales y de los acuerdos internacionales.
Articulo Publicado en el Periodico Extremadura
